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En esta última tienen especial relevancia la aplicación del Principio de Legalidad, el Principio de Reciprocidad hacia el Estado requirente, el de doble incriminación ya que el hecho objeto del delito debe ser así considerado en ambos estados, el de no entrega de los nacionales, ni de los extranjeros que deban ser juzgados en España y el de no extradición por delitos de escasa gravedad. Esta ley define también los motivos de denegación obligatoria de extradición.
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■ En caso de que el Estado requirente no de garantías de que la persona reclamada de extradición no será ejecutada o que no será sometida a penas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes.
Los procedimientos de extradición son en la mayoría de los casos bastante complejos, resultando necesario que el abogado que se encargue de la defensa tenga amplios conocimientos y experiencia en este tipo de asuntos.
En el caso de España se aplica un procedimiento mixto, y en materia normativa estos procedimientos se encuentran regulados por convenios de extradición entre países, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de extradición pasiva de 1985.
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En este caso resulta Extra resources de aplicación el Acuerdo de Extradición firmado entre la Unión Europea y Estados Unidos en el año 2003. Una de las peculiaridades del proceso es que se puede reclamar la extradición de aquellos a quienes se considera autores o cómplices de un delito, pero también a los encubridores, a quienes hayan conspirado para cometer un delito e incluso a quienes hayan incurrido en una tentativa de delito.
La Audiencia Nacional es el órgano judicial encargado de tramitar y resolver los casos de extradición en España. Su competencia abarca tanto las extradiciones activas como las pasivas, garantizando un proceso legal y justo en cada caso.
El tratado de extradición entre estos dos países se viene aplicando desde 1892. A pesar de more info here ser un acuerdo muy antiguo, ya preveía la prohibición de la extradición pasiva si se reclamaba a una persona a fin de juzgarla por delitos políticos.
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La Euroorden es la “orden europea de detención y entrega”, con la que se dispone un cauce alternativo a la extradición para aligerar sustancialmente el procedimiento de entrega de personas con fines penales por parte de un Estado a otro Estado miembro de la Unión Europea a través del Sistema de Información de Schengen o SIS, o a través de la Organización Internacional de Policía Prison (INTERPOL).
El principio de especialidad establece que una persona extraditada solo puede ser juzgada por los delitos específicos por los cuales se solicitó su extradición.